Zócalo en zozobra

Zocalo4_13_Sept_2013_CitBM

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Medardo Bañuelos L.

Una definición de zozobra que aparece en el diccionario de la RAE es: “Inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se padece”, todas ellas son hoy aplicables al Zócalo de la Ciudad de México, después del desalojo arbitrario en contra de los maestros que permanecían en plantón pacífico demandando que se abroguen las violatorias reformas educativas promovidas por el presidente Peña Nieto y el grupo de corifeos en que se han convertido los diputados recién elegidos para conformar la LXII legislatura, toda una vergüenza para México.

Efectivamente, horas antes de ser desahuciados los maestros, el Zócalo en una gran inquietud, la aflicción y congoja era generalizada, se percibía el riesgo de la amenaza de ser expulsados y horas después, la destrucción, el abandono precipitado para no ser victima de la represión policíaca, correr, resguardarse, con el temor y miedo de ser aprehendid@s por estar manifestándose en forma pacífica contra la supresión de sus plazas, de sus años de trabajo, su antigüedad perdida, sus derechos sociales a la basura, prohibición de organizarse en defensa de sus derechos, esa es la zozobra del Zócalo, ese ánimo afligido y acongojado.

Ante esa situación, la clase gobernante y la derecha, bien harían en conocer y respetar cumpliéndola, la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (A/RES/53/144 de 8 de marzo de 1999), dice en su inicio que: “Reafirmando la importancia de la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas en todos los países del mundo,” esta “Declaración” es de observancia obligatoria para todos los países, incluyendo a México, por supuesto.

Esta Declaración, así como diversos Tratados Internacionales, que hablan y mandatan obligaciones de respeto a los Derechos Humanos, han sido violados tanto por el ejecutivo federal como del Distrito Federal, al dar un ultimátum a los maestros para que salgan del Zócalo y de no hacerlo, emplear una fuerza policíaca inusitada, 3,600 policías en contra de aquellos, eso, no es un “Acuerdo”, eso es, la imposición de una orden, eso es un maltrato, imponer una obligación de sumisión, una conducta violenta de la autoridad en contra del colectivo magisterial, que sigue hasta la fecha, una semana después del indebido desalojo, más aún, cuando dentro del acto del Informe del jefe de gobierno, éste declara que: “En el Distrito Federal “no promoveremos escenarios violentos”, pero “quien ataque a la ciudad encontrará la respuesta de la ley”, advirtió el titular del Poder Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en clara alusión a las manifestaciones que realiza en esta capital la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa.” (Alejandro Cruz, Periódico La Jornada, Miércoles 18 de septiembre de 2013, p. 34), sumando a ello, la presencia de la policía federal y del estado mayor presidencial (el ejercito) en el Zócalo mismo.

La Asamblea General” (de la ONU), en la “Declaración” que nombro, dice en su anexo: “Reafirmando la importancia que tiene la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos en todos los países del mundo,” sí, dice EN TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO, pero México, de hecho, se ha excepcionado con esta avalancha de fuerza policíaca en contra de los maestros, pero esta excepción no es valida, al contrario, es violatoria tanto de nuestro artículo 1 de la Constitución Política, como de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y que así lo anuncia, la mencionada Asamblea General de la ONU, en otro de sus párrafos agregando:

“Reafirmando también la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos2 y de los Pactos internacionales de derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo. como elementos fundamentales de los esfuerzos internacionales para promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la importancia de los demás instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco del sistema de las Naciones Unidas y a nivel regional,”

Y remata en otro de sus párrafos que: “Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universalmente indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí, debiéndose promover y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de esos derechos y libertades,” que contiene diversidad de principios universales de aplicación obligatoria y que han sido y siguen violentados por el Estado mexicano.

Termino esta nota con la transcripción de los artículos 1, 2, 19 y 20 de la “Declaración” multinombrada, invitando a la lectura completa de ese documento:

Artículo 1
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

Artículo 2
1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados.

Artículo 19
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera a un individuo, grupo u órgano de la sociedad o a cualquier Estado el derecho a desarrollar actividades o realizar actos que tengan por objeto suprimir los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración.

Artículo 20
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que permita a los Estados apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones no gubernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

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