México, la Influenza y el Decreto Presidencial

Según información en el diario mexicano de circulación nacional “La Jornada”, el Secretario de Salud Nacional informó el día de hoy domingo 26 de abril del 2009, que van 102 defunciones y 1614 hospitalizados por influenza y que por se han dado de alta a más de 1000 pacientes.

Esta cifra contiene 15 muertes más de las 87 que habían anunciado anteriormente y más de 300 nuevos hospitalizados, lo que hace ver la gravedad de la situación que se está viviendo en México, especialmente en la Ciudad de México, el Distrito Federal.

Junto con ello está el decreto del Ejecutivo nacional publicado el 25 de abril en el Diario Oficial de la Federación, en donde éste “asume el control de las acciones en el país para prevenir, controlar y combatir el virus de la influenza.” (Ver nota de Jorge Ramos del periódico de circulación nacional en México, “El Universal” del sábado 25 de abril) y que le otorga amplias atribuciones al Secretario de Salud para tomar toda una serie de medidas para detener esta pandemia que se encuentra en el nivel 3 de una escala del 1 al 6 según ha informado la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Dentro de esas atribuciones está una en especial que deberá ser observada con mucha atención en tanto que el titular del Poder Ejecutivo se ha excedido en su decreto ya que permite la violación de garantías individuales esenciales como son los ataques a la morada y la privacidad, sin haber cumplido con las formalidades esenciales de procedimiento a que le obliga el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la fracción IV de tal decreto, dice que:

IV. El ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia.

El artículo 29 constitucional señala textualmente:

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007)
Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

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