La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y su Amigo Grupo México

Hoy en México están sucediendo hechos represivos en contra de los trabajadores, que pensábamos superados, sin embargo, el panismo nos indica lo contrario a través de uno de sus más perseverantes represores del sindicalismo, el secretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Han sido insistentes las noticias de los Mineros de Cananea y de Pasta de Conchos, ambas situadas al norte de México y del mismo propietario el Grupo México, al cual se le ha protegido por el gobierno derechista del Partido de Acción Nacional (PAN), el que permanentemente desconoce la libertad sindical y el derecho de huelga que tienen todos los trabajadores en México, que es el caso de los mineros de Cananea que se encuentran en Huelga desde el 30 de julio del 2007.

Por lo que se refiere a los Mineros de Pasta de Conchos, desde la explosión ocurrida el 19 de febrero del 2006, en que perdieron la vida y quedaron sepultados 67 trabajadores, por omisiones y negligencias de la empresa Grupo México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, se ha dedicado a minimizar el hecho y a absolver a sus amigos del Grupo México.

A los mineros de Cananea se les ha declarado ilegal su Huelga a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual precisamente, depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sin embargo el Poder Judicial Federal también, insistentemente, ha declarado una y otra vez, que la resolución es violatoria y por tanto sin efectos.

Sin embargo, es tanta la tozudez de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en defender a sus amigos del Grupo México, que en una maniobra legaloide de lo más burda, realizada a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, resolvió la Rescisión del Contrato Individual y COLECTIVO de los 1200 trabajadores de la Mina de Cananea. ¿Habrase visto? NO EXISTE UN SOLO FUNDAMENTO LEGAL PARA ELLO.

Ya los trabajadores han conseguido un amparo en contra de tan absurda maniobra, por lo que, seguirán con su Huelga, pero los amigos del Grupo México, no se han cruzado de brazos y hoy comienzan de nueva cuenta, a criminalizar los actos de los Mineros, diciendo por ejemplo que se han causado destrozos en las instalaciones de la mina (hasta existe un video en el periódico de circulación nacional “El Universal” de tal supuesto hecho) y la más reciente, que aparece en el periódico de circulación nacional “La Jornada” de acusar a los trabajadores Mineros de “…actuar con tácticas y equipo militar, fabricado por ellos mismos, para defender los accesos ante un posible desalojo…”

Por su interés, transcribo dos párrafos completos de dicha nota:

“Los trabajadores que resguardan la puerta tres de la minera de Cananea, en el poblado sonorense del mismo nombre, reaccionaron con risas e incredulidad a las acusaciones que un comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) hizo a los huelguistas, de actuar con tácticas y equipo militar, fabricado por ellos mismos, para defender los accesos ante un posible desalojo.”
“La acusación del mando fue en parte por la instalación de barricadas en las entradas al yacimiento. No somos militares ni guerrilleros, somos copiones, nada más, porque ellos, los policías federales, instalaron estas mismas barricadas cuando el año pasado tomaron por asalto los accesos de la mina, dijo Saúl García López, uno de los paristas.” (La Jornada, Sociedad y Justicia, “Huelguistas de Cananea niegan conocimiento de tácticas militares”, Ulises Gutiérrez Ruelas y Carlos García, 19 abril 2009)

No conformes con lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ¿Será todo el aparto de Estado?, consiguió que un Juez Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, girara una nueva orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia Secretario General del Sindicato Nacional Minero, “…por el delito de presunto fraude por el desvío y malversación de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero…” no obstante “…de que el mes pasado el octavo tribunal colegiado en materia penal en el Distrito Federal, confirmó que las tres órdenes de aprehensión libradas por los jueces 18 y 32 penales en el Distrito Federal y 2 en Sonora son inconstitucionales, y por lo tanto otorgó el amparo solicitado en su oportunidad por Napoleón Gómez Urrutia.” (La Jornada, Sociedad y Justicia, “Giran nueva orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia por presunto fraude” Gabriel León y Alejandro Cruz, 19 abril 2009)

A su vez, los familiares de los Mineros sepultados de Pasta de Conchos, han ganado la queja que interpusieron el 3 de marzo de 2006 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que “…emitió un informe en el cual da la razón absoluta a las familias que denunciaron omisiones y negligencias cometidas por el gobierno mexicano y Grupo México, por lo que ganamos el caso, informó Cristina Auerbach Benavides, integrante del equipo nacional de Pastoral Laboral.” (La Jornada, Sociedad y Justicia, “Confirma OIT negligencias de Grupo México y gobierno en Pasta de Conchos” Carolina Gómez Mena, 19 abril 2009)

Lo anterior a pesar de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya había exonerado al Grupo México de las responsabilidades que por Ley tiene obligación de cumplir, (ya que así se lo mandata la propia Constitución Política de México como más adelante veremos) esto es, todos, TODOS los actos que ha realizado la mencionada Secretaría de Trabajo HAN SIDO ILEGALES.

Veamos someramente algunos mandatos constitucionales referentes al tema.

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, determina en su Titulo Sexto, denominado “DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL”, en su artículo 123 que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley” y establece en su segundo párrafo que:

“El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
…”
Entre esas normas mínimas de protección que impone la Constitución Política de México, se encuentran las obligaciones de los patrones en los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores (fracción XIV), así como las obligaciones de los empresarios de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de sus establecimientos (fracción XV).

“XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.”

“XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.”

Este mismo apartado “A” del artículo 123 Constitucional establece el derecho de los obreros de formar Sindicatos (mismos derecho que tienen los patrones) (fracción XVI) y a la vez, la fracción XVII reconoce como un derecho de los obreros las HUELGAS, previendo en su fracción XVIII que:

“Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.”

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