TRIBUNAL POPULAR NACIONAL DE MÉXICO

Oaxaca entre el silencio y el habla. La contradicción del discurso.

Por un lado, los medios guardan silencio de los diversos actos en que se habla de Oaxaca y sólo hablan de lo que conviene al discurso oficial, así se ha observado en este mes de agosto del 2007, con contadas excepciones, como lo es la del periódico de circulación nacional “La Jornada”.

En México, el día 3 de agosto de este año, se estableció el Tribunal Popular Nacional con su Procuraduría Popular Nacional, la cual de inmediato llamó a comparecer y declarar a los CC. ULISES RUIZ ORTIZ, FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, GUILLERMO GALVÁN GALVÁN, EDUARDO MEDINA MORA, FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, ENRIQUE PEÑA NIETO y VICENTE FOX QUESADA, al Juicio Popular Nacional, los día 3 y 4 de agosto de 2007 a las 10 horas, en el Zócalo de la ciudad de México.

Ahí se habló de las acusaciones que pesan sobre los citados entre ellos el Gobernador del Estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y que son por la presunta comisión de los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas, tortura, lesiones, homicidio, delincuencia organizada y terrorismo”.

Se habló de las denuncias que pesan sobre los presuntos inculpados y se recibieron las pruebas que aportaron los agraviados, que por cierto, son muchas y todas giran en torno a las violaciones de los derechos humanos, esencialmente de los indígenas, menores de edad, profesores, mujeres y trabajadores en general. El pueblo.

Los medios de comunicación en su gran mayoría, guardaron silencio de tal acto, a pesar de que dicho Jurado Popular Nacional, está plenamente legitimado conforme lo mandata el artículo 39 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cada uno de los ilícitos de los que son presuntamente responsables, están “previstos en el Código Penal Federal vigente, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, y leyes internacionales de observancia obligatoria en México”, como lo detalló la Procuraduría Popular Nacional integrada por diversos luchadores sociales como son entre otros: Rosario Ibarra de Piedra, Ofelia Medina, Jesusa Rodríguez, Irasema Martínez, Mireya Rodríguez Corona, Patricia Pérez Acosta, José Enrique González Ruiz, Manuel Fuentes Muñiz, Fausto Trejo, Adrián Ramírez López y Jorge Ramos Avilés, en publicación que hiciera en el “Correo Ilustrado” del periódico “La Jornada”

Uno de los miembros de esa Procuraduría Popular Nacional, el Licenciado y Maestro Manuel Fuentes Muñiz ha sufrido amenazas, hostigamiento e intimidación, como consecuencia de la defensa legal que ha asumido de los familiares de los 65 mineros que quedaron sepultados por la negligencia de Industrial Minera México y autoridades del trabajo, en la Mina 8 de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, México, hace año y medio.

Igual le ha sucedido a la Licenciada Cristina Auerbach Benavides, miembro del “Equipo Nacional de Pastoral Laboral”, quien además fue amagada en el Distrito Federal el 19 de junio de este año por dos hombres armados, quienes la despojaron de su camioneta y objetos personales, así como de documentos importantes y un dispositivo USB con copia del expediente sobre el caso de la mina Pasta de Conchos, como lo denunciaron diversas ONGs en la sección “Correo Ilustrado” del periódico “La Jornada”.

Quienes además señalaron que: “Este ataque se suma al acoso, espionaje y amenazas que han sufrido los miembros de la diócesis de Saltillo y del Equipo Nacional de Pastoral Laboral que están acompañando a las familias de los mineros. Hace apenas unos meses el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, denunció el ambiente de persecución que viven quienes allí han decidido defender la dignidad y los derechos de los mineros fallecidos y sus deudos”

A pesar del silencio que se tiende a diversos ataques de los derechos humanos, el habla sigue emergiendo de diversos foros con el discurso del pueblo de Oaxaca, tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. ((www.cidh.oas.org/que.htm). El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.” Las dos dependen de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Quien urgió a los gobiernos Federal y de Oaxaca, “investigar de manera objetiva e imparcial las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa entidad entre junio y diciembre de 2006, y en julio de 2007, que incluyen “muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, brutalidad policial, uso desproporcionado de fuerza, detenciones masivas, incomunicación y aislamiento de detenidos, uso de francotiradores y gases lacrimógenos, agresiones a periodistas y llamados públicos a atacar a defensores de derechos humanos y líderes sociales” (según apareció en nota del viernes 17 de agosto del 2007, del periodista Victor Ballinas en la sección “Política” del periódico “La Jornada” www.jornada.unam.mx/2007/08/17).

Otra voz que se hace oír a nivel internacional es la de Amnistía Internacional (ONG Internacional que trabaja “…en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarioswww.amnistiainternacional.org/acerca/index.html).

Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional (AI), en su visita a México en este mes de agosto, habló con fuerza y certeza, dijo: “El acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana y, específicamente, lo que me asombró fue que aquellos a quienes se les ha privado de la justicia tienden a provenir de las áreas más marginadas y vulnerables de la sociedad. Indígenas, mujeres, migrantes, los casos de Oaxaca y de San Salvador Atenco (Estado de México) demuestran claramente la urgencia de atender la impunidad y el fracaso de la justicia”.

Efectivamente, ante esa “impunidad y el fracaso de la justicia”, se ha creado el Tribunal Popular Nacional de México que esta sesionando permanentemente y es además itinerante, a fin de recabar todas las pruebas necesarias conforme a derecho, para poder dictar su sentencia a través del Jurado Popular Nacional.

No dudamos que su sentencia sea condenatoria para todos los presuntos inculpados, ya que existen las suficientes pruebas testimoniales, documentales, periciales, inspecciones y hasta las propias confesionales públicas de los involucrados, para que la sentencia que emitan, apegada a derecho, sea de esa manera. El pueblo, parte interesada en ello, los apoyamos y estamos pendientes.

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